La alternativa para la exclusión social: CRAE
Según el texto de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) -un tratado internacional firmado por veinte países, entre ellos España-, establece que “para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad”, es esencial que los niños crezcan “en el seno de una familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión”.
El núcleo familiar, en cualquiera de sus formas y tipologías, es un elemento esencial en la vida de los seres humanos. A diferencia del resto de especies, los humanos nacemos indefensos: nuestra supervivencia depende completamente de la familia, especialmente de los progenitores, que son los responsables de satisfacer nuestras necesidades básicas, como ahora el alimento; de protegernos física y psicológicamente; de transmitirnos los principios básicos de convivencia, los valores sociales y la cultura de la comunidad en la que vivimos; y de asegurar que recibimos una educación formal, uno de los pilares de la mobilidad social.
En resumen, la familia es la encargada de ofrecernos un entorno de oportunidades en el que desarrollar nuestro potencial individual, clave de la emancipación y de una vida adulta feliz y exitosa. Lamentablemente, hay núcleos familiares que no pueden garantizar un entorno favorable al desarrollo de los menores. Situaciones de abandono, maltrato, negligencia o pobreza, entre otras circunstancias, impiden que el menor acceda a los recursos y las oportunidades a los que sí que acceden el resto de niños y niñas. Esto lo sitúa en una posición de desigualdad cuyo final más trágico es la exclusión social.
La exclusión social, según el estudio Public welfare services and social exclusion, de la European Fundation, es “el proceso mediante el cual los individuos o grupos son total o parcialmente excluidos de una participación plena en la sociedad en la que viven”. Esto se materializa en diferentes ámbitos: en el económico -son individuos generalmente desempleados, sin títulos y con un flujo de ingresos insuficiente e inestable-; el social -no tienen lazos familiares ni redes de apoyo-; y el político -carecen de la capacidad y/o la posibilidad de participar en la toma de las decisiones que afectan a sus vidas-.
Ante el riesgo de exclusión social, sin embargo, existen los centros de protección de menores, que responden al artículo 20 del CDN: “Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado”.
Así pues, los centros de protección de menores son instituciones que acogen de manera temporal a niños, niñas y adolescentes que carecen de un entorno adecuado para su cuidado. Allí los educadores sociales -profesionales que les ofrecen la orientación que, en otras circunstancias, les habría dado la familia biológica-, cubren las necesidades materiales, afectivas y sociales del menor, asegurándose de que cuentan con todos los recursos necesarios para explotar sus capacidades.
Como afirma Julio Jiménez, educador social en la Fundación EVEHO, los jóvenes que residen en centros de menores hacen allí su vida como la haría cualquier niño: se levantan, desayunan, van al colegio, comen, hacen extraescolares o participan en las actividades que organiza el centro… “Evidentemente, el centro no es su casa”, insiste Julio, “pero sí lo más parecido a un hogar. Así intentamos que sea”.
El objetivo es que, una vez finalice su tutela -ya sea porque vuelven con su familia biológica o porque han alcanzado la mayoría de edad-, los jóvenes extutelados puedan vivir de forma autónoma.
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